El Congreso aprueba una reforma legal que eleva a “muy graves” las infracciones por no cumplir la cuota del 2% de contratación de personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores. Además, se refuerzan inspecciones, campañas de concienciación y se restringe el acceso a subvenciones públicas para los infractores.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una Proposición de Ley que supone un importante avance en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Impulsada por el Grupo Socialista y aprobada el pasado 9 de septiembre de 2025 con 313 votos a favor, esta reforma propone endurecer de forma significativa las sanciones a aquellas empresas que incumplan la obligación legal de reservar al menos el 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad.

Esta medida no solo eleva las sanciones económicas, sino que incorpora una visión más ambiciosa e integral: Se refuerza la inspección laboral, se promueven campañas de concienciación y se limita el acceso a subvenciones públicas para las empresas que no cumplan con esta obligación.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY ACTUALMENTE Y QUÉ CAMBIA CON ESTA REFORMA?

Desde la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, las empresas públicas y privadas con 50 o más empleados están obligadas a garantizar que al menos un 2% de sus plantillas esté conformado por personas con discapacidad. Esta cuota tiene carácter obligatorio, aunque existen excepciones regladas que permiten sustituir la contratación directa por medidas alternativas, como acuerdos con Centros Especiales de Empleo, siempre que se justifiquen adecuadamente ante la autoridad laboral.

Hasta ahora, el incumplimiento de esta obligación era considerado una infracción grave, con sanciones que oscilaban entre los 751€ y 7.500€. Sin embargo, la nueva proposición de ley cambia radicalmente este enfoque.

1. Endurecimiento de las sanciones: De graves a muy graves

Uno de los ejes centrales de la reforma es la reclasificación del incumplimiento como infracción muy grave, lo que implica sanciones mucho más elevadas:

• Antes: Infracción grave → multa de 751€ a 7.500€
• Ahora: Infracción muy grave → multa de 7.501€ a 225.018€

Además, se incorpora expresamente en el artículo 16 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) un nuevo apartado (letra h), que sanciona de forma clara la falta de cumplimiento de la cuota o de las medidas alternativas.

Esta modificación busca responder a una realidad preocupante: Alrededor del 80% de las empresas obligadas no cumplen actualmente con la cuota, según datos mencionados durante el debate parlamentario. Las sanciones anteriores eran percibidas como “irrisorias” por muchos expertos y legisladores, lo que restaba eficacia a la norma.

2. No más subvenciones públicas para empresas incumplidoras

Otro cambio sustancial es la exclusión de las empresas sancionadas por esta infracción del acceso a subvenciones y contratos públicos. La reforma modifica el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones para incorporar un nuevo motivo de exclusión:

“Haber sido sancionados en sede administrativa mediante resolución firme por infracción laboral muy grave relacionada con la inclusión laboral de personas con discapacidad.”

Esta medida pretende garantizar la coherencia de las políticas públicas: Quien incumple derechos fundamentales no puede beneficiarse de recursos públicos. Un mensaje claro y contundente que refuerza la responsabilidad social empresarial.

3. Refuerzo de la Inspección de Trabajo y campañas de sensibilización

La proposición de ley no se limita a sancionar, sino que también impulsa medidas de acompañamiento y vigilancia. Se contempla un refuerzo de la Inspección de Trabajo, que deberá llevar a cabo campañas específicas durante al menos tres años, renovables, para supervisar el cumplimiento de la cuota.

Además, se obliga a las Administraciones a poner en marcha campañas de difusión y sensibilización destinadas a:

• Dar a conocer la existencia de la cuota de reserva
• Informar sobre los beneficios de la inclusión laboral
• Combatir estereotipos sobre la discapacidad en el entorno empresarial

La reforma busca así un cambio estructural: No solo penalizar el incumplimiento, sino generar conciencia colectiva y hacer de la inclusión una parte natural del funcionamiento empresarial.

OPINIONES Y DEBATE PARLAMENTARIO: CONSENSO AMPLIO, PERO NO UNÁNIME

Aunque la proposición de ley ha recibido un respaldo mayoritario en el Congreso, no ha estado exenta de matices y diferentes enfoques por parte de los grupos parlamentarios. La mayoría coincidió en la necesidad de avanzar hacia una mayor inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero las formas de lograrlo suscitaron debate.

Desde Sumar, se valoró positivamente el endurecimiento de las sanciones, aunque se advirtió que no será suficiente si no se acompaña de una transformación más profunda del modelo laboral. En esa línea, se reclamó actuar con mayor claridad y ambición estructural para garantizar una inclusión efectiva, más allá del castigo.

Por su parte, tanto el Partido Popular como el PNV mostraron su apoyo al objetivo de la ley, pero subrayaron la necesidad de aplicar las medidas con proporcionalidad. Defendieron que es esencial combinar las sanciones con incentivos reales y apoyo específico, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que puedan encontrar más dificultades para cumplir con la cuota.

Vox, en cambio, expresó dudas sobre la utilidad de imponer una cuota fija del 2% y apostó por sustituirla por mecanismos de apoyo y acompañamiento individualizado. Según su portavoz, el objetivo debería ser que la persona con discapacidad no sea vista como una “cuota” que cumplir, sino como un profesional más en igualdad de condiciones.

También hubo voces que, aun apoyando la iniciativa, la consideran insuficiente. Esquerra Republicana y EH Bildu respaldaron la propuesta del PSOE, pero alertaron de que, si no se acompaña de medidas más profundas, no resolverá por sí sola los problemas estructurales de acceso al empleo que enfrenta este colectivo. En ese sentido, criticaron que las sanciones anteriores han sido tan bajas que, en la práctica, muchas empresas preferían pagar la multa antes que cumplir la norma.

Desde Junts, se destacó una crítica concreta y relevante: la propia administración pública, en muchas ocasiones, tampoco cumple con la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad. Por ello, exigieron que el sector público dé ejemplo antes de exigirlo al privado.

En defensa de la propuesta, el diputado socialista Emilio Sáez recordó la profunda desigualdad que aún persiste en el acceso al empleo. De forma contundente, ilustró esta brecha con una cifra que impactó al hemiciclo: “¿Dónde está escrito que por cada 37 personas que ocupan un puesto de trabajo solo pase una persona con discapacidad?”. Con esta reflexión, defendió la necesidad de esta reforma como una medida urgente y necesaria para reducir esa desventaja histórica.

¿Y AHORA QUÉ? PRÓXIMOS PASOS Y ENTRADA EN VIGOR

La Proposición de Ley, tras su admisión a trámite y aprobación en el Congreso, deberá seguir el procedimiento parlamentario habitual antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez publicada, entrará en vigor a los 20 días.

Este proceso legislativo se inició formalmente el 23 de julio de 2025 y es previsible que culmine en los próximos meses, marcando un punto de inflexión en las políticas de empleo inclusivo en España.

CONCLUSIÓN: MÁS ALLÁ DE LA MULTA, UNA CUESTIÓN DE DERECHOS

El endurecimiento de las sanciones a las empresas que no contraten a personas con discapacidad no debe verse solo como una medida coercitiva, sino como una apuesta decidida por una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. El empleo es una vía esencial para la autonomía, la participación social y la dignidad de cualquier persona, y más aún para quienes históricamente han sido relegados del mercado laboral.

Esta reforma legal sitúa a España más cerca del cumplimiento efectivo de sus compromisos constitucionales e internacionales. Pero el reto no termina aquí: hará falta vigilancia, voluntad política y, sobre todo, un cambio cultural que reconozca que la discapacidad no es una barrera, sino una parte más de la diversidad humana.