Del CAP de los conductores a los certificados de la gente de mar: así ha construido la jurisprudencia la respuesta a una pregunta que hacen casi todos los trabajadores
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«Me han apuntado a un curso y no sé si me lo van a pagar». Es, probablemente, una de las consultas que más se repiten en cualquier despacho laboral. Y no es una duda menor: Entre certificaciones que caducan, aplicaciones nuevas que hay que aprender a manejar y normativas que cambian de un año para otro, la formación se ha convertido en una pieza casi permanente de la relación laboral. El problema es que la respuesta no es un simple sí o un simple no, sino que depende de una distinción que el Tribunal Supremo ha ido afinando sentencia a sentencia: Si el curso es exigible o si es, simplemente, una invitación. En este artículo repasamos qué dice la ley, qué ha resuelto el Alto Tribunal en los últimos años y qué conclusiones prácticas puede sacar tanto quien trabaja como quien dirige una empresa.
Índice de contenidos
- La regla de oro: obligatoria o voluntaria, esa es la cuestión
- El artículo 23.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, explicado sin tecnicismos
- La otra puerta de entrada: la prevención de riesgos laborales
- Lo que ha dicho el Supremo, caso a caso
- Cuando la empresa no está obligada a pagar
- Jornada, horario y compensación: el eterno malentendido
- Todo lo que entra dentro del «tiempo de formación»
- Conclusiones para trabajadores y para empresas
1. La regla de oro: obligatoria o voluntaria, esa es la cuestión
No existe ningún precepto que obligue a una empresa a financiar cualquier curso que a un trabajador le apetezca hacer. Lo que sí existe es la obligación de costear —y de remunerar como jornada— aquella formación que resulta imprescindible: Porque la empresa la impone, porque una norma la exige para poder seguir ejerciendo el puesto, o porque se enmarca dentro de la seguridad y la salud laboral.
Así lo resumió el Tribunal Supremo en una sentencia de febrero de 2021 (rec. 111/2019): La empresa no puede trasladar al trabajador el desarrollo de actividades formativas fuera de su tiempo de trabajo; o se organizan dentro del horario productivo, o deben compensarse adecuadamente. Toda la doctrina posterior gira, en el fondo, en torno a esta idea.
2. El artículo 23.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, explicado sin tecnicismos
Este precepto es la vía más habitual para reclamar. Reconoce el derecho del trabajador a recibir la formación necesaria para adaptarse a los cambios que se producen en su puesto, y añade dos consecuencias que ninguna empresa puede pactar en contra: el coste corre a cargo de la empresa, y el tiempo dedicado a esa formación se considera, en todo caso, tiempo de trabajo efectivo.
Durante años se discutió qué se entendía exactamente por «modificaciones operadas en el puesto». ¿Hacía falta un cambio sustancial de condiciones, de los que regula el artículo 41 ET? La sentencia del Supremo de septiembre de 2025 (rec. 34/2024) zanjó la duda con un criterio amplio: No es necesario llegar a ese umbral. Basta con que, por efecto de la tecnología, de un cambio organizativo o de una novedad normativa, el puesto exija una formación superior a la que ya se tenía o una actualización de la que se pidió al entrar en la empresa.
Dicho de otro modo: Si una norma nueva obliga, por ejemplo, a renovar cada cierto tiempo una habilitación que antes era indefinida, esa renovación entra directamente dentro del artículo 23.1 d) ET.
3. La otra puerta de entrada: La prevención de riesgos laborales
Cuando el contenido del curso tiene una vertiente preventiva, la protección al trabajador es todavía más contundente. El artículo 19.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a impartir esa formación, siempre que sea posible, dentro de la jornada laboral; y si no lo fuera, fuera de ella pero descontando ese tiempo de la jornada. Además, establece con rotundidad que su coste «no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores».
A esto se suma el artículo 14.5 de la misma ley: el coste de cualquier medida de seguridad y salud no puede repercutir en la plantilla. Esta combinación explica por qué muchos cursos que en apariencia parecen simples trámites administrativos terminan considerándose obligación empresarial de pleno derecho: basta con que tengan una vertiente relevante de seguridad para activar este segundo mecanismo de protección.
4. Lo que ha dicho el Supremo, caso a caso
La jurisprudencia reciente ofrece varios ejemplos muy ilustrativos de cómo se aplica esta doctrina a supuestos concretos.
El certificado de aptitud profesional de los conductores. En una sentencia de febrero de 2013 (rec. 278/2011), el Supremo resolvió el conflicto sobre el curso de 35 horas que, cada cinco años, exige la normativa para mantener este certificado. La empresa defendía que se trataba de un requisito puramente administrativo, ajeno al contrato de trabajo. El tribunal no estuvo de acuerdo: consideró que esa formación incide directamente en la actividad del trabajador y en el deber de seguridad de la empresa, por lo que debía tratarse como tiempo de trabajo efectivo y retribuido. El argumento de fondo es interesante: esa formación beneficia también a la propia empresa, que necesita prestar el servicio en las condiciones que la ley exige.
La renovación de la autorización para transportar mercancías peligrosas. En diciembre de 2017 (rec. 265/2016), el Supremo analizó el caso de trabajadores que necesitaban esta habilitación especial, con vigencia de cinco años, para desempeñar su puesto. La empresa pagaba el curso, pero lo organizaba fuera de jornada sin computarlo como trabajo. El tribunal confirmó que, tratándose de una autorización imprescindible para el puesto, ese tiempo formativo forma parte de la jornada y debe compensarse como hora ordinaria.
Los certificados de seguridad marítima. Es el pronunciamiento más reciente y, además, el que ha cambiado el criterio que se venía aplicando. La Audiencia Nacional había desestimado en 2023 una demanda al entender que la titulación del personal embarcado era una obligación personal, ajena tanto al artículo 23.1 d) ET como a la normativa de prevención. El Tribunal Supremo, en sentencia de septiembre de 2025 (rec. 34/2024), revocó ese criterio: los certificados de seguridad básica, supervivencia y lucha contraincendios que antes eran permanentes y ahora deben renovarse periódicamente por exigencia europea constituyen una modificación normativa del puesto. La sentencia declara tiempo de trabajo tanto el curso de revalidación como el desplazamiento hasta el lugar donde se imparte.
La tasa de expedición del documento acreditativo. Una vuelta de tuerca curiosa la encontramos en una sentencia de abril de 2021 (rcud 2688/2018): la empresa pagaba el curso de renovación del CAP, pero no la tasa administrativa de la tarjeta que lo acreditaba. El Supremo estimó que quien asume el coste principal de la formación debe asumir también su coste accesorio, porque la formación solo tiene efecto útil si va acompañada del documento que la certifica.
5. Cuándo la empresa no está obligada a pagar
Toda esta doctrina tiene un límite claro. Una sentencia de febrero de 2019 (rec. 210/2017) resolvió el conflicto sobre un programa de certificación que una entidad financiera ofreció a su red comercial. En aquel momento, la directiva europea que finalmente impuso esa certificación todavía no se había traspuesto al ordenamiento español, así que no existía ninguna obligación legal sobre la empresa; se trataba de una oferta formativa general, sin vinculación directa a puestos concretos y sin consecuencias acreditadas por aceptarla o rechazarla. El tribunal concluyó que, al no ser obligatoria, quedaba fuera tanto del artículo 23.1 d) ET como de las reglas de jornada del artículo 34 ET.
En la práctica, este es el criterio que separa un curso exigible de uno que no lo es: formación no impuesta por ninguna norma, sin relación directa con las funciones concretas del puesto, o de carácter puramente personal o de desarrollo profesional voluntario. Idiomas, habilidades de liderazgo o gestión del tiempo suelen encajar aquí, salvo que la propia empresa decida convertirlos en exigencia ligada al desempeño.
6. Jornada, horario y compensación: El eterno malentendido
Conviene distinguir dos conceptos que se confunden con frecuencia: La jornada es el tiempo de trabajo debido a lo largo del año, mientras que el horario es solo la forma en la que ese tiempo se distribuye. Una sentencia de febrero de 2021 (rec. 111/2019) avaló que un convenio colectivo permitiera impartir formación obligatoria fuera del horario habitual, siempre que se compensara con descanso equivalente: al compensarse, la jornada anual pactada no se altera, y no hay exceso de jornada sino una distribución irregular admitida por el artículo 34.2 ET.
Lo que no cabe en ningún caso es imponer formación obligatoria fuera de la jornada máxima sin compensarla en tiempo, o compensarla solo con una cantidad económica fija. Así lo declaró el Supremo al anular una cláusula convencional en una sentencia de junio de 2003 (rec. 124/2002). Y en la misma línea, una sentencia de febrero de 2008 (rec. 6/2007) reconoció el derecho a que las horas de un curso básico de prevención realizado fuera de jornada se compensaran con el descanso correspondiente.
Tampoco puede imponerse ningún curso, por obligatorio que sea, durante los días de descanso o de vacaciones del trabajador: ese tiempo es intocable y no admite excepciones por «aprovechar» que el empleado está libre.
7. Todo lo que entra dentro del «tiempo de formación»
La jurisprudencia ha ido perfilando qué conceptos concretos quedan cubiertos, y va bastante más allá de las horas lectivas: El curso en sí, incluida su superación; el examen o la prueba de certificación, porque sin él no se obtiene el título; el desplazamiento hasta el centro donde se imparte la formación; el coste económico del curso, que nunca puede recaer sobre la plantilla cuando entra en juego la normativa de prevención; y las tasas de expedición del documento que acredita la formación.
Cuando además el curso exige viajar a otra ciudad, el Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a asumir gastos de desplazamiento, dietas y alojamiento, avisando con antelación razonable. Si el curso dura, por ejemplo, tres jornadas completas fuera del domicilio habitual, esos tres días cuentan íntegramente como jornada laboral.

8. Conclusiones para trabajadores y para empresas
Para quien trabaja, la clave está en documentar tres cosas si va a reclamar: que la formación era realmente exigible y no una oferta voluntaria, que resulta imprescindible para seguir desempeñando el puesto, y qué horas se dedicaron efectivamente al curso, al examen y a los desplazamientos.
Para las empresas, el mensaje es igual de claro: pactar en convenio que una formación «no conllevará compensación en tiempo» no blinda absolutamente nada cuando la obligación de formar nace de una norma de derecho necesario. El acuerdo colectivo, en ese caso, debe ajustarse a la ley, no al revés. Y desde el punto de vista de la gestión de personas, entender bien esta distinción evita conflictos, sanciones y, sobre todo, construye una relación de confianza con la plantilla: cuando se explica con claridad por qué un curso es necesario y se gestiona el tiempo correctamente, la formación deja de ser un motivo de fricción para convertirse en lo que realmente debería ser, una inversión compartida.


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